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El gobierno de Nayib Bukele ha implementado varias acciones para enfrentar la violencia en El Salvador, especialmente en respuesta a un aumento significativo en la actividad de pandillas.
Una de las acciones más destacadas fue la declaración de un estado de excepción el 27 de marzo de 2022, tras un fin de semana violento que resultó en más de 80 asesinatos. Este estado permite la suspensión de ciertos derechos constitucionales, como la libertad de asociación y el derecho a la defensa, y ha sido prorrogado varias veces desde su implementación. Bajo este régimen, se han llevado a cabo redadas masivas y detenciones.
El gobierno también ha promovido reformas legales que endurecen las penas para los miembros de pandillas. Por ejemplo, se aprobó una reforma del Código Penal que establece penas de cárcel de hasta 45 años para los líderes pandilleros y se redujo la edad penal a partir de los 12 años. Estas reformas han generado críticas por su potencial para violar derechos humanos y debido proceso.
Desde el inicio del estado de excepción, más de 70.000 personas han sido detenidas, muchas de ellas sin pruebas suficientes que justifiquen su encarcelamiento. Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias basadas en estigmas sociales, como tener tatuajes o vivir en áreas controladas por pandillas. Otra medida implementada es la incautación y reutilización de bienes y armas pertenecientes a las pandillas. Bukele ha anunciado que estos recursos serán utilizados por el Estado para combatir a las mismas pandillas.
Además, el gobierno ha solicitado la construcción de un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para albergar hasta 40.000 prisioneros. Esta medida busca hacer frente al gran número de detenidos bajo el régimen actual.
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Muy bien bukele
ResponderEliminarExcelente Bukele
ResponderEliminarLo que Bukele ha mencionado por activa y pasiva, que los derechos humanos de todo el conjunto de víctimas no le interesan a estos chiringuitos por los derechos humanos. Antes de defender derechos humanos de delincuentes, que cuentes de qué se financian y sabremos por qué se dedican a eso. No creo que después de trabajar mínimo 8 horas, les queden ganas de defender derechos humanos de delincuentes crueles. Que el gobierno de Bukele no sea perfecto, seguro, lo más efectivo hasta ahora con el problema, parece que sí. Es raro que el delincuente tenga más derechos que el ciudadano honrado, empezando por delincuentes con poder...
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